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La controversia sobre las cláusulas suelo hipotecarias

La Sentencia del TSJ de la UE establece la reclamación de las cantidades pagadas por estas cláusulas

Viernes, 13 de Enero, 2017

Por Javier Heredia, profesor de MBA de EAE Business School

Las cláusulas suelo se dan en las hipotecas de interés variable y básicamente han tenido como objeto minimizar la exposición al riesgo de quien concede una hipoteca. El concepto “variable” suponía lo que podemos entender como una apuesta por parte del hipotecado  que se arriesgaba a pagar más si el índice Euribor era alto, pero también podía beneficiarse enormemente de un Euribor bajo.

Esta situación ya generó sentencias contrarias a la validez de estas cláusulas. El 9 de  mayo de 2013, el Tribunal Supremo ya declaró nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, NCG Banco y Cajas Rurales en caso de existir falta de transparencia a la hora de comercializar estos productos. El 25 de marzo de 2015 la Sala Primera del TS reunida en Pleno se reafirma en su  postura y basa su decisión en la falta de transparencia con la que se ha informado de esas cláusulas ya afirma que “la falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la información” y fija que se podía recuperar el dinero destinado a este concepto a partir del 9 de mayo de 2013.

Sin embargo, el tema ha salido de nueva con fuerza a la palestra a partir de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo que ha abierto la puerta a que se puedan reclamar las cantidades pagadas por esas cláusulas con anterioridad a esa fecha, en su reciente fallo del 21 de diciembre de 2016. En este fallo se considera que la jurisprudencia nacional ha dado lugar a una protección insuficiente frente a cualquier cláusula contractual de carácter abusivo y que recoge la Directiva 93/13, y que cualquier juez nacional puede conocer de ese abuso y declarar nulas de pleno derecho esas cláusulas.

La consecuencia práctica es que ahora cualquier particular afectado puede afrontar un proceso             judicial con un claro soporte jurisprudencial ante cualquier tribunal nacional español. Las posibilidades de que nuestros jueces nacionales apliquen esta solución jurisprudencial y obliguen a las entidades bancarias a restituir las cantidades pagadas de más cuando el Euribor+interés era inferior a la cláusula suelo desde el momento de la firma de la hipoteca son muy altas.

Esto conlleva dos grandes problemas: Uno, el hecho de la cantidad de afectados, se calcula que 1.4 millones de hipotecas,  que pueden colapsar con demandas nuestro sistema judicial. Dos, las cantidades que la banca tenga que afectar a estas compensaciones y si esta puede causar un gran quebranto al sector bancario nacional y si este puede acabar “sociabilizando” el problema al trasladar de alguna manera esos gastos extraordinarios al resto de hipotecados o clientes en general.

Abogados especializados se han lanzado con fuertes medios de publicidad y marketing a animar a aquellos hipotecados potencialmente afectados a utilizar sus servicios para aprovechar la ventajosa situación jurisprudencial creada y  algunos juzgados ya han tomado medidas para coordinar y agilizar procedimientos con el objeto de evitar el colapso. El Gobierno de la Nación ya ha anunciado cambios en la Ley Hipotecaria y ha emitido varios globos sonda sobre soluciones que exijan agotar la vía extrajudicial o arbitraje antes de acudir a los tribunales, algo que generará controversia sobre si se está afectando el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y existe el riesgo de sociabilización de la situación por parte de la banca. Actualmente,  José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, ha advertido que la problemática de las cláusulas suelo no puede ir en contra de la inmensa mayoría de los clientes que se benefician de las hipotecas más baratas de Europa.

Con todo, parece lógico pensar que la banca aproveche estas semanas para provisionar y llegar a  acuerdos que permitan un pronto pago, muy probablemente descontando cantidades de las mensualidades de las hipotecas a pagar por los afectados, con el objeto de poder provisionar y prever esos flujos en sus balances y de evitar posibles condenas en costas que hagan aumentar más la factura.  Se ha abierto una puerta que resultará interesante ver a dónde nos conduce.

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