El plazo de pago de la Administración se ha alargado hasta 144 días.

La morosidad ha repuntado en los primeros meses de año y está afectando especialmente a las empresas que tienen contratos con la Administración pública. El plazo de pago se ha elevado un 25% y ya alcanza los 144 días. Las más afectadas son las empresas de materiales de construcción, cuya demora en el cobro ha aumentado veinte días en tan sólo un año.

Cobrar las deudas pendientes se ha convertido en una misión difícil para las empresas. Entre que una compañía emite una factura y la cobra en España suele pasar una media de 89 días, uno de los periodos más altos en la zona euro, donde la media se sitúa en 60 días. Pero si el contrato se firma con la administración pública, el cobro se puede alargar a 144 días. Un retraso admisible cuando la actividad económica crece con fuerza y las deudas pueden cubrirse con provisiones, pero difícilmente asumible en una fase como la actual en la que se han combinado una profunda desaceleración, una caída en el consumo y falta de liquidez en los mercados financieros.

Y lo peor es que esa tendencia en el retraso de pagos se puede agudizar ante la merma de ingresos de las administraciones públicas, derivada del derrumbe del mercado inmobiliario. Según el último índice elaborado por la consultora especializada en impagos Intrum Justitia durante el primer trimestre de 2008, el riesgo ha repuntado este año, tras tres ejercicios consecutivos de caídas, y la peor parte se la llevan los contratistas de la administración pública. En 2007, la media de pago era de 115 días; doce meses después, esa cifra ha crecido un 25% y se ha situado en 144 días.

Pere Brachfield, director del Centro de Estudios de Morosología de la Escuela de Administración de Empresas, señala que casi ninguna administración pública cumple con el plazo máximo establecido por ley (60 días) ni con el pago de los intereses de demora. 'Es un escándalo que el dinero que se podría destinar a construir hospitales o centros de salud se destine al pago de los intereses de demora', apunta Brachfield, quién señala al sector de materiales de construcción como el más afectado, ya que el retraso en el pago se ha elevado veinte días en un año. Rafael Fernández, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), estima que la crisis 'va a provocar un repunte de los impagos y eso desencadenará mayor morosidad entre las administraciones públicas'.

Esa tendencia ya se nota en el retraso generalizado en el pago de las facturas. En 2007, una de cada cinco cuentas pendientes de cobro se pagaba a 90 días; esta cifra se ha elevado al 25% en el primer trimestre de 2008. Y ese retraso está generando, según Brachfield, un coste financiero que está asfixiando a muchas empresas, en especial a las pequeñas y medianas. 'Por cada 10.000 euros que una empresa no cobra, se genera un coste financiero de 100 euros al mes', apunta Brachfield.