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Daniel Vaccaro, profesor del Grado de ADE y del Master of International Business MIB en EAE

Viernes, 16 de Febrero, 2018

Por Daniel Vaccaro, profesor del Grado de ADE y del Master of International Business MIB de EAE Business School

El panorama de la fiscalidad internacional está más agitado que nunca. Son muchos los temas candentes, entre ellos el desenlace de la histórica exigencia a Apple de pagar a Irlanda 13.000 millones de euros en impuestos atrasados o el reguero de celebridades (futbolistas, cantantes, empresarios) acusados de delito fiscal. El primero ha sido un histórico golpe en la mesa que ha hecho temblar los despachos de las grandes consultoras de medio mundo. Sobre el caso Cristiano o Messi se han vertido ríos de tinta, así que en este artículo vamos a abrir el ángulo a cuestiones nuevas.

Para empezar, una incógnita: comprobar cómo exprime nuestra Agencia Tributaria las nuevas herramientas de información a su disposición.

Plataformas digitales como AirBnb le comunicarán por primera vez, de forma automática, los datos relativos a los alquileres de pisos turísticos (propietarios, importes cobrados, etc…). A ello se le une el CRS (Common Reporting Standard), la información tributaria que más de 100 países van a compartir en red sobre los contribuyentes residentes en su jurisdicción. Nunca antes Hacienda tuvo acceso a tanta información acerca de todos nosotros, el combustible que alimenta sus algoritmos de búsqueda de fraude. Y todo ello al margen de las nuevas filtraciones que sin duda se producirán tras los Panamá leaks, Bahama leaks o Paradise papers, entre otras. Quien tenga algo que ocultar, tiene serios motivos para preocuparse.    

Para continuar, una esperanza: los avances hacia una nueva fiscalidad de la economía digital.

Una parte creciente del salario del español medio se destina, de forma directa o indirecta, al pago de servicios ofrecidos por plataformas digitales, véase AirBnb, Booking, Netflix, HBO, Spotify. ¿Le suenan estas empresas? Hablamos de miles de millones de euros de beneficio que, en su mayor parte, no se declara en los países donde se encuentran los clientes de estas empresas, sino en territorios de baja tributación muy distintos a las verdaderas fuentes de ingresos de estas empresas. ¿Hasta cuándo piensa Europa soportar este disparate tributario? ¿Hasta cuándo va a aceptar esta sangría de pérdida de recaudación mientras se devana los sesos para cuadrar sus presupuestos o sostener el sistema público de pensiones? En 2017 los grandes países de consumo (Alemania, Francia, Italia, España) alzaron la voz para cambiar las obsoletas reglas de tributación directa de las plataformas digitales, pero es deseable que este año se dé un paso más en esa dirección sin esperar a una unanimidad que Irlanda, Holanda o Luxemburgo, el tridente de países beneficiados por el actual sistema, no se muestran dispuestos a alcanzar. La situación clama al cielo en términos de justicia tributaria.

Para cerrar, un desafío: será muy interesante observar la evolución de la reciente lista de paraísos fiscales de la UE, el valor para dotarla de auténtica fuerza y efectividad tras su descafeinado nacimiento.

Polémica tanto en su composición (los territorios incluidos) como en la naturaleza de las sanciones aplicables a los mismos. Esta lista, largo tiempo esperada, debería despejar las sombras políticas que sobre ella se han vertido. Voces autorizadas han criticado que incluso países fundadores de la UE, como Luxemburgo, deberían figurar en ella (el escándalo Luxleaks aún colea, por suerte). Propuestas y lamentos aparte, lo cierto es que hay muchos ojos, y muchas esperanzas puestos en el recorrido inmediato de esta lista, en que realmente florezca y devenga lo que está llamado a ser: una herramienta que dé seguridad jurídica, potencie y cohesione la lucha contra la evasión fiscal internacional y la planificación fiscal agresiva.

Como decíamos al principio de esta crónica, el panorama se presenta apasionante.