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Lunes, 18 de Septiembre, 2017

Por: Débora González, profesora del Máster en Dirección y Gestión Financiera de EAE Business School

Agosto no ha sido un buen mes en materia de ocupación. Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo, ha subido el paro y ha bajado la afiliación a la Seguridad Social. En concreto, el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) se ha incrementado en agosto en 46.400 personas en relación con el mes anterior, situando el total en 3.382.324 parados. La Seguridad Social pierde 179.485 afiliados (un 0,97%). La tasa de desempleo  se sitúa en torno al 19% y  supera holgadamente la que se da en otros países en el seno de la Unión Europea (excepto Grecia con un 23.5%).

El paro, por su dimensión, su duración, su incidencia en el crecimiento económico y las desigualdades sociales que causa, es un problema crucial en la economía española. Su naturaleza es múltiple y no siempre dependiente al ciclo económico. Las cifras de ocupación cosechan éxitos limitados asociados a la recuperación económica, aunque esa ocupación no se consolida sino que va unida a sectores estacionales y muchas veces precarios  (turismo, educación…). Para explicar la persistencia del paro se apunta a tres causas estructurales.

1. La primera es la inadecuación de la oferta de trabajo a las características de la demanda. Se deberían de adecuar los niveles educativos a las exigencias formativas del mercado laboral. Mejorar la calidad de la enseñanza a través de una mejor formación universitaria del profesorado y garantizar que las competencias enseñadas estén en la misma línea que las necesidades empresariales, incluyendo a las empresas  en la formación de los alumnos y/o en el diseño de los planes de estudio.

2. La segunda es la evolución de los costes laborales. Es necesario reducir los costes no salariales a fin de evitar que actúen como un impuesto a la contratación y se conviertan en una barrera de entrada elevada para quienes quieren crear y hacer crecer una empresa. Las elevadas cotizaciones empresariales a la seguridad social pueden desincentivar la creación o mantenimiento de los puestos laborales. En la política salarial, se debería ajustar el incremento salarial a la productividad, de forma que la empresa pueda reinvertir beneficios y continuar creando empleo y que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva.

3. Es necesario adoptar medidas adicionales para  mejorar la calidad del empleo y evitar la alta tasa de temporalidad.  La reforma del mercado de trabajo de 2012 redujo las indemnizaciones por despido para los contratos indefinidos  y estableció las limitaciones legales al uso de contratos temporales. Sin embargo, los trabajos temporales suponen un 25% con respecto al conjunto del empleo y la  duración media de los contratos temporales ha bajado 12 días en cinco años, desde los 62,87 de 2011 hasta los 50,58 días de 2016, según datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

 La flexibilidad laboral se ha traducido en precariedad de condiciones laborales y de salarios, y no en mejoras de la productividad, la competitividad y la eficiencia de los puestos de trabajo.

Como conclusión, una política económica que pretenda conseguir un apreciable aumento del empleo estable ha de pasar por solucionar el crónico paro estructural que sufre España, y no basar la creación de empleo en el frágil crecimiento económico.