24 de Enero de 2018
Hace ya 25 años que los países miembros de la UE se pusieron de acuerdo en los mecanismos que iban a permitir articular el impuesto sobre el valor añadido (IVA), tanto a nivel nacional como en las operaciones transfronterizas. Aquellos acuerdos, que tenían carácter transitorio, además de restrictivos, siguen aplicándose y Bruselas ha comenzado a impulsar, en los últimos meses, un complejo proceso de revisión, debido, entre otras razones, a que está generando importantes pérdidas tributarias por el uso de ingeniosos mecanismos de fraude, entre los que se encuentra el conocido tipo carrusel en las adquisiciones intracomunitarias. Aunque no existen cifras oficiales, la Comisión Europea ha realizado estimaciones que ponen de manifiesto el fuerte impacto que tiene esta tipología de fraude para las arcas de los Estados Miembros y que Bruselas cuantifica en 50.000 millones de euros.
La existencia de diversas lagunas del régimen de tributación intracomunitaria está generando una importante bolsa de evasión fiscal, al estar exenta de tributación en origen la entrega transfronteriza de bienes y al no existir un control centralizado de dichas operaciones dentro de la Unión Europea. Por otro lado, también tiene impacto en la pérdida de competitividad de las empresas con operaciones intracomunitarias que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales y que corren el riesgo de expulsión del mercado. Igualmente, el modelo actual ha generado una amalgama de regulaciones sobre el IVA en la UE que conlleva a desigualdades entre países.
Así pues, este esquema ha favorecido la aparición de complejos entramados societarios con el objetivo de defraudar por dos posibles vías, bien solicitando la devolución del IVA soportado que nunca llegó a las arcas públicas o bien eludiendo el ingreso del IVA repercutido. Todo ello de forma repetitiva utilizando facturas falsas o mercancía inexistente, mediante la creación de numerosas compañías pantalla entre varios Estados miembro, lo que en la práctica dificulta la identificación del sujeto pasivo que comete el delito y vacía las arcas públicas con cierto grado de impunidad.
El origen de esta situación se encuentra en la dificultad que tiene un país de deducirse el IVA pagado en otro, de modo que las cuotas ingresadas en un país serían deducidas en otro, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas. Hasta ahora no se ha podido solucionar este problema, debido, por un lado, a que el IVA en cada país es diferente, lo que genera complejos cálculos para su deducción en el país de origen y, por otro lado, países netamente importadores tendrían que realizar transferencias a otros, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas.
Así pues, la Comisión Europea quiere llevar a cabo, en los próximos meses, una profunda reforma y armonización del IVA que, por un lado, permita otorgar mayor grado de libertad a los países para fijar sus tipos, garantizando un tipo medio mínimo y por otro, crear una ventanilla única que elimine las distorsiones que genera el fraude del IVA mediante el esquema carrusel. Por ello, se busca que este impuesto se gestione de forma centralizada a través de dicha ventanilla y la eliminación de la exención de tributación en las operaciones intracomunitarias que haga posible que el vendedor de un país pueda repercutir IVA al comprador de otro que a su vez podrá deducirlo.
Ahora bien, dado que el IVA es uno de los principales generadores de ingresos fiscales de los países, las negociaciones serán largas y complejas, pues el gran reto que deben afrontar los Estados es si realmente están dispuestos a aceptar un sistema de compensación que generará grandes volúmenes de transferencias y dependencia entre países, ya que parte de los impuestos de un país los recaudará otro y dado que el volumen de dinero que se mueve tal dependencia podría comprometer las cuentas públicas de algunos países, a la vez que se pierde parte de la soberanía que actualmente se tiene sobre este impuesto y se corre el riesgo de que haya competencia fiscal. Por otro lado, la eliminación de la exención de las adquisiciones intracomunitarias conlleva un efecto negativo sobre la gestión de la tesorería de las empresas que realicen este tipo de operaciones, en especial de la PYME y de su capacidad para conseguir financiación adicional del circulante necesario para realizar los pagos de IVA, algo que pondrá en serio riesgo su supervivencia.
En la medida que se consiga alcanzar acuerdos para armonizar tipos mínimos que garanticen la recaudación de los países, así como un sistema de compensación y ventanilla única, junto con una simplificación del proceso para las empresas de reducida dimensión, será posible poner en marcha las medidas que pongan fin a este tipo de fraude millonario a la vez que reduzca la desigualdad entre Estados. En caso contrario, es posible que sólo se estén aplicando paños calientes y que todo se quede en papel mojado.