16 de Septiembre de 2016
Por: José Ramón Sánchez Galán, profesor del Master en Dirección y Gestión Financiera en el Campus de Madrid
El envejecimiento de la población es un hecho cada vez más confirmado. En 2040, habrá más ancianos que niños en el mundo, según un reciente estudio de la OCDE. Algunas causas se encuentran en el retraso en la edad del matrimonio, la incorporación de la mujer al trabajo, sin la implementación de medidas que concilien armoniosamente la vida familiar y laboral o la ausencia o retraso de los gobiernos en implantar verdaderas políticas familiares correctoras de los desequilibrios demográficos que, desde hace décadas, se constatan en varias regiones del planeta, así como el drástico descenso de mortalidad generalizado en todas las regiones del mundo en las distintas etapas de la vida. Ello provoca un desequilibrio de las estructuras demográficas por edad; por esto, la población de adultos jóvenes tendrá que asegurar la producción del país y sostener el aumento de poblaciones ancianas.
Esta situación contemplada desde el punto de vista de la Seguridad Social tendrá una repercusión en los gastos sociales, puesto que determinará un aumento del número de pensiones y además éstas se disfrutarán durante más años, aumentará también la demanda de cuidados sanitarios que siempre es más intensa en la última etapa de la vida, especialmente los cuidados geriátricos y de larga duración para la cada día más numerosa cuarta edad (mayores de 80 años), y finalmente se requerirá un mayor desarrollo de los servicios sociales especialmente dedicados a la población mayor.
Los retos a los que hay que hacer frente pueden dividirse en tres principales:
1) Es necesario prever que en el futuro, ante una población más envejecida será necesario recomponer democráticamente las preferencias de la sociedad sobre el gasto público, lo que sin duda conllevará un incremento de recursos hacia los programas sociales que se ocupen de las condiciones de vida de las personas mayores.
2) El que viene marcado por las transformaciones del mercado de trabajo. Estamos inmersos en una etapa de paro estructural en el que el desempleo convive con el crecimiento económico y con el propio crecimiento del empleo que se produce especialmente en el sector servicios. Tenemos un mercado fuertemente especializado, lo que determina que, paradójicamente, la demanda de empleo en ese sector de servicios no llegue a cubrirse por falta de especialización y, sin embargo, haya una saturación en la oferta de mano de obra de baja cualificación. Un mercado de trabajo que adolece de escasa movilidad geográfica y funcional, lo que dificulta enormemente las posibilidades de fomentar la colocación y, finalmente, tenemos un mercado en el que en toda Europa se imponen formas atípicas de contratación, todo lo cual puede obstaculizar la integración de un conjunto de trabajadores en el sistema contributivo de la Seguridad Social.
3) Las transformaciones socio-familiares que han empezado a producirse en estas últimas décadas. Desde hace algunos años estamos asistiendo a un profundo proceso de transformación social que está conduciendo a grandes cambios en la institución familiar.
El mayor número de pensiones del sistema son las que cobran los jubilados, es decir, quienes ya han abandonado el mercado laboral. En total, 5,9 millones de prestaciones de retiro. Tras ellas, están las de viudedad, que llegan 1,5 millones. Precisamente sobre estas últimas y las de orfandad (127.500), ante la precaria situación financiera de la Seguridad Social, el Gobierno propuso en verano pasado que se abriera el debate para que en un futuro estas pensiones se pagaran con impuestos y no con cotizaciones. Ello requiere que estas prestaciones, consideradas ahora contributivas y que consumen unos 23.000 millones al año, pasen a ser consideradas no contributivas. La propuesta no alcanza a las pensiones de invalidez.