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Viernes, 28 de Diciembre, 2018

Por Josep Bertrán, profesor del Máster en Dirección Financiera de EAE Business School

Por primera vez en la reciente historia de la Unión Europea, la Comisión Europea ha rechazado los Presupuestos Generales presentados por un país miembro de la Unión. Este es el caso de Italia, ya que según la Comisión, los mismos incumplen los criterios establecidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento.

Este Pacto consiste en una supervisión y vigilancia de la situación fiscal de los países miembros, y tiene como principal objetivo garantizar una gestión prudente de las cuentas públicas de los países, y prevenir la aparición de déficits públicos excesivos, para, de este modo, evitar que los problemas que pueda tener un país afecten de forma negativa y penalicen las economías de los otros países miembros. Asimismo, favorecer una convergencia sostenible y duradera de las distintas economías comunitarias.

Para alcanzar estos objetivos, el Pacto de estabilidad y crecimiento fija unos criterios de déficit y de deuda pública. Estos criterios son de obligado cumplimiento, y de no ser así, los países incumplidores se arriesgan a unas terminadas sanciones. Cuando el déficit público supera el 3% del PIB entra en funcionamiento el Procedimiento de déficit excesivo.

De acuerdo a este Pacto, el déficit estructural de un país no debería superar el 0,5% del PIB de ese país, mientras que la deuda pública no debería superar el 60% del PIB. Este porcentaje de déficit sólo puede superarse en una situación económica excepcional, caracterizada por una fuerte corrección económica, que en el supuesto de que el porcentaje de deuda pública sobre el PIB sea inferior al 60%, puede alcanzar hasta el 1% del PIB. En algunos casos de extrema gravedad este porcentaje de déficit público podría llegar hasta el 3% del PIB, pero sólo de forma excepcional y temporal. En este último supuesto, el país debería comprometerse a llevar a cabo un conjunto de medidas que restablecieran el equilibrio presupuestario.

Los Presupuestos presentados hace unas semanas por Italia fijaban un objetivo de déficit público del 2,4% sobre el PIB, y éstos han sido rechazados por la Comisión Europea, requiriendo al Gobierno italiano a que, en un breve plazo de tiempo, presentara una nuevo Presupuesto rebajando el objetivo de déficit, amenazando en caso contrario de iniciar el procedimiento de déficit excesivo en base al criterio de la deuda. Actualmente le deuda pública italiana representa el 131% del PIB. En un principio, el Gobierno italiano, a través de declaraciones de algunos miembros destacados del mismo se negó a modificar las cuentas públicas, pero recientemente ha presentado una nueva versión de las mismas, fijando un déficit público que representa el 2,04% del PIB, también considerado como insuficiente por el comisario europea de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Este conflicto entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea pone de manifiesto diversas cuestiones. Por una parte plantea la idoneidad de los criterios establecidos en el Pacto de estabilidad y crecimiento, los cuáles son los mismos para todos los países, mientras que la situación económica de carácter estructural es muy diversa entre ellos. Asimismo, también pone de manifiesto que, si el trato que la Comisión Europea da a los distintos países es homogéneo, y que lo que se prohíbe a unos se justifica en otros. Mientras que a Italia no se le aceptan unos Presupuestos que incluían en los mismos las promesas electorales que aparecían en el programa electoras de los partidos políticos que gobiernan en la actualidad, es probable que a Francia se le acepten unas cuentas públicas, que si incluyen las promesas que el Presidente Macron ha hecho para frenar la revuelta social, probablemente superarán el límite de déficit.