Actualidad

Sofía Ruiz, profesora de finanzas de EAE Business School

Jueves, 27 de Septiembre, 2018

Por Sofía Ruiz, profesora de finanzas de EAE Business School

Algo más de 100 días no son muchos para poder evaluar la influencia de un gobierno en la economía, aunque sí que son suficientes para adelantar las políticas económicas que van a dictar las actuaciones de los próximos meses.

Son varios frentes los que se han abierto, aunque el principal es el incremento del gasto público, superando los límites impuestos por la autoridad europea. Este mayor gasto va a servir de respaldo para afrontar la bajada de los impuestos en el recibo eléctrico (lo que supone una merma de 1.400 de millones de ingresos públicos) para frenar el efecto perjudicial del nivel de precios máximos del año 2018.

En relación con el “otro” gran problema de la economía española: el desempleo, el mes de agosto ha traído la cifra de 75.000 afiliados menos en la Seguridad Social que el mes de mayo. Este resultado supone un incremento de los temidos números rojos en este dato.

Los datos del INE están muy relacionados con el sector turístico. En mayo de 2018 se rompía un nuevo record de visitantes extranjeros (28.5 millones), pero esta cifra se espera menos optimista en la segunda mitad del año por varios factores, como es la vuelta al sector de países competidores en el área mediterránea (como Egipto, Turquía o Túnez); una caída en el turismo británico y alemán (nuestros principales clientes); junto con las huelgas en el sector aéreo, sufridas en España o en los países vecinos. 

Otro frente abierto es el de las pensiones. Estos días se pretende convocar el Pacto de Toledo para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la posible vinculación de las pensiones y el dato de IPC. Esta recomendación es muy solicitada por los pensionistas, con el fin de poder mantener su poder adquisitivo, pero desde un punto de vista económico es difícil de implementar, ya que supone vincular el monto de las pensiones (porcentaje muy alto del gasto público) con una dato de Indice de precios que no tiene por qué estar directamente correlacionado con el PIB. Si se admitiera este índice para la revalorización, esto traería problemas en épocas inflacionistas con bajo crecimiento económico o incluso en estados de estanflación (inflación con decrecimiento). ¿Cómo podría el país afrontar estos pagos? Supondría vaciar más las arcas públicas, ya muy debilitadas.

La situación de crecimiento estable que se había logrado, tras los años de profunda crisis, también se ve amenazada por otros indicadores económicos como la ralentización del consumo. Esto se refleja en el descenso de las ventas del comercio minorista desde enero, llegando a una caída de un 0.4% interanual de julio. Este descenso también se traduce en un menor crecimiento del PIB en el primer semestre del año (un 0.6% de tasa interanual) que puede seguir bajando en la segunda mitad, por debajo de la barrera del 3% alcanzada los últimos 3 años. Unido al menor consumo está el repunte de la inflación, con un incremento del 2.2% en agosto, por subida de los precios en carburante y electricidad.

Las condiciones propias de la economía y de la política española se ven influenciadas por incertidumbres externas que influyen sin poder evitarlo, como la negociación del Brexit, la política de Trump, las crisis en países con inversión española (como Argentina o Turquía) y el debilitamiento de las economías de la eurozona. Todas estas variables traen un debilitamiento en las exportaciones y el turismo, motores de la economía, lo que influirá a su vez en el PIB.

Todos son frentes con los que deberá seguir lidiando el gobierno de Sánchez.