Actualidad

Viernes, 1 de Marzo, 2019

Por Antonio Sánchez-Bayón, profesor de derecho y Recursos Humanos de EAE Business School.

En la década de 1880, se produce la segunda revolución industrial, provocándose la desaparición de la mitad de los trabajos en el sector primario (por su mecanización), con grandes migraciones a las ciudades, dándose paso a nuevas profesiones en el boom del sector secundario y el despegue del sector terciario. También por entonces, fallece Marx (no así el marxismo o socialismo de salón, tan recurrente en las universidades, medios de comunicación y think-tanks), y comienza una nueva etapa socialista: el revisionismo o socialdemocracia (de Berstein et al); según la segunda internacional, ya no es necesaria la revolución del proletariado, sino el ascenso político dentro del sistema democrático de partidos y sindicatos de clase, que logren políticas públicas tuitivas para los trabajadores y su bienestar.

También, en dicho periodo se refunda el KKK, ganando elecciones locales, con una medida estrella: el salario mínimo interprofesional (SMI) –para evitar que los afroamericanos recién emancipados pudieran acceder a trabajos, provocándose su gran migración a las ciudades del Medio Oeste-. Dado el pensamiento débil, surgido durante las guerras culturales (1960-80) y generalizado tras la globalización (1990)[1], resulta urgente y necesario el aclarar ciertas falacias generalmente aceptadas sobre SMI: no mejora las condiciones laborales, sino que las empeora, pues su beneficiario final es su impulsor, o sea, los poderes estatales, hoy llamados sector público.

La experiencia de la socialdemocracia escandinava (durante las citadas guerras culturales), probó que el SMI no beneficiaba al trabajador, sino al estado de bienestar, al pretender una mayor financiación vía retenciones salariales –que no fue tal, y además causó una pérdida de poder adquisitivo al trabajador y, a la postre, un gran endeudamiento nacional, vid. supra-.

Sirva la mención telegráfica (no exhaustiva, sólo ilustrativa) de algunas negatividades del SMI: en un mercado laboral libre, el salario se establece en el cruce de la oferta y demanda, sin embargo, en un mercado regulado y con el SMI, la oferta se contrae (hay menos contratación, al ser más cara y decrecer la utilidad marginal). De tal manera, la mano de obra no cualificada se vuelve un lastre, a sustituir por robótica y programación.

Con el SMI se levanta una barrera legal de acceso a nuevos trabajadores (jóvenes, inmigrantes, etc.), o para la reconversión de otros (mayores, parados de larga duración, etc.), debido a los altos costes fijos de Seguridad Social, IRPF, etc. Más aun, con el Salario Mínimo Interprofesional se reduce el poder adquisitivo de todos: el trabajador no cualificado vive un espejismo, al creer que gana más, cuando en realidad pierde las ayudas por bajos ingresos (v.g. becas escolares), las exenciones fiscales (v.g. no tributación de IRPF), y para colmo su dinero vale menos (por el efecto inflacionario, vid. supra). También se perjudica al trabajo cualificado, al ver recortada la parte variable de su salario (v.g. bonus), que es de donde se detrae para compensar la subida del SMI. Incluso, a medio plazo, el sector público (impulsor de la subida del SMI), termina comprobando que no se alcanza la cuota de recaudación prevista (al disminuir la contratación y aumentar los despidos), de modo que para mantener tal gasto público no productivo asumido, se recurre a un mayor endeudamiento (para abonar las prestaciones y subsidios por desempleo, las prejubilaciones, las ayudas sociales, etc.).

El empobrecimiento y dependencia al que conduce el aumento del SMI, dado su efecto inflacionario, no sólo se observa en los trabajadores por cuenta ajena, sino que también se transfiere (por otra falacia, como es la igualitarista) a los trabajadores autónomos –eso sí, no igualados en derechos- y pensionistas –dicho sea de paso, su sistema urge de un tránsito inmediato de reparto a capitalización-. Resulta que, lo que se presentaba como una mejora, en realidad constituye una precarización expansiva, ya que el SMI se vuelve el salario medio interprofesional: el mileurismo se manifiesta como la realidad dominante (amén de la economía sumergida), solo que valiendo menos (dada la subida impuesta del SMI, la misma se repercute a los precios de los bienes y servicios). Baste recordar coyunturas como la que condujo a los Pactos de la Moncloa hace cuarenta años (la subida indiscriminada de salarios disparó la inflación a un 27%: de ganar miles de pesetas se pasó a cientos de miles, pero igualmente ocurrió en el resto de precios).

En definitiva, el SMI es una herramienta económica peligrosa (especialmente en manos populistas), pues genera falsas expectativas, que se realizan en un aumento de la inflación y de la fiscalización; una pérdida de poder adquisitivo y un mayor endeudamiento; barreras artificiales de acceso al trabajo, causando despidos, prejubilaciones, informalidad (economía sumergida), así como destrucción de puestos (sustituidos por robótica y programación), etc. Hay que ser un gran experto macroeconómico para saber utilizar el SMI como recurso cortoplacista, que permita enfriar la economía, influyendo en el consumo, pero rara vez sale bien la jugada. Lo que es seguro, es que el SMI se sigue presentando –de manera anacrónica- como uno de los logros de la economía de bienestar, cuando en realidad está llamado a ser uno de sus sepultureros (por el populismo económico que pondrá fin a la ya de por sí caduca economía de bienestar). Afortunadamente, en la economía circular y colaborativa (ECC) no tiene cabida el SMI, pues la facturación dependerá del talento de cada cual.