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Viernes, 20 de Julio, 2018

Por Juan Ramón Sánchez Galán, profesor del Master en Dirección y Gestión Financiera en el Campus de Madrid de EAE Business School

El 7 de junio de 2017, Mecanismo Único de Resolución europeo, encargado de gestionar la viabilidad de las entidades financieras de Europa, determinó la venta del Popular al Santander por un euro, un hecho inaudito en la actualidad, máxime cuando el Popular se contaba entre los siete grandes bancos del panorama español.

Una situación que ya tenía sus antecedentes, al menos, desde febrero del mismo año cuando la entidad anunció la necesidad de dotar unas provisiones extraordinarias por 5.700 millones de euros, tras declarar una pérdidas de 3.485 millones en 2016. Las noticias fueron empeorando: resultados negativos, rebaja de la calificación crediticia o rating, necesidad de financiación vía ampliación o fusión… el banco estaba ya en situación extrema de liquidez y al borde de la quiebra.

¿Razones? Aparte de la confidencialidad de una parte de la información, 1) más del 50% del crédito era “tóxico” (inmobiliario), 2) negativa a aceptar fusiones cuando el mapa bancario así lo exigía: La Caixa y Sabadell, estaban dispuestos. 3) Operaciones corporativas erróneas: adquirió el BNC portugués en 2003 por 580 millones, adquirió por 240 millones el Total Bank de Florida en 2007, antes de Lehman, y se gastó casi 1.300 millones (con los bonos convertibles) en el Pastor en 2011. Las tres entidades ofrecieron una rentabilidad inferior a la esperada y el peso de la morosidad inmobiliaria del Pastor acabaría acelerando la muerte del Popular. 4) rechazó a la intervención gubernamental para paliar la situación en favor de la ayuda privada que deterioro márgenes y rentabilidad. 5) problemas internos de estructura tanto en un Consejo dividido como en nombramientos en puestos clave no exentos de cierta polémica.

En consecuencia, la venta de la entidad era inevitable. Era necesario rescatar una entidad de relevancia en el mercado. Surgió el Santander que, no sin ciertas reticencias, se hizo con el banco, asumiendo su situación: de ahí el valor de un euro, más bien testimonial.

Que tras de hacerse con una entidad casi en quiebra, le lleva  acometer procesos drásticos, sobre todo, en materia de reducción de costes: de un lado, salida de 1.100 empleados. De otro, recuperar los 7.000 millones que en realidad supuso la compra. ¿Cómo? Mediante la fagocitación del Popular, eliminando la marca del banco e integrándose en la estructura del Santander. Así, como parte de un planeamiento global, se pretende conseguir un retorno de la inversión de entre el 13% y el 14% en 2020.

Falta un tercer aspecto: ¿Qué sucede con los accionistas e inversores del Popular? ¿Seguirán confiando en la vuelta a la rentabilidad de antaño? ¿O se interpondrán recursos legales por los hechos acaecidos con el Popular? Santander está convencido que, a pesar de que se estiman unas demandas cercanas a los 2.500 millones, la integración plena en una entidad solvente como es el banco, podrá capear el temporal.

En consecuencia, el Popular, tras una situación de empeoramiento paulatino, acabará por desparecer. Una lástima para un banco tan tradicional y de tanta implicación en la cultura popular española.