Actualidad

Miércoles, 10 de Julio, 2019

Por: Rafa Bernardo, periodista de Cadena Ser

Siempre que nos fijamos en la relación tecnología-sociedad, solemos hacerlo desde la perspectiva de cómo los avances tecnológicos impactan sobre la comunidad: ¿Son las redes sociales positivas o negativas? ¿Cómo afecta la ubicuidad de las pantallas y su uso cada vez más temprano al desarrollo cognitivo de los niños? ¿Y los sistemas digitales de monitoreo del trabajo? Es una perspectiva sin duda lógica, pero también cabe contemplar el problema al revés: cómo el entramado de valores y creencias que sustentan nuestra convivencia absorbe y adopta los desarrollos de las compañías y de los centros de investigación. Así, en vez de aguardar a ver los efectos de una nueva tecnología entre nosotros, podríamos anticiparnos para intentar que genere los efectos sociales apetecidos y tratar de minimizar las consecuencias negativas. No se trata de orientar políticamente la I+D, sino de no esperar pasivamente a que surjan los “ganadores” y los “perdedores” de la revolución digital como resultado de la continua emergencia de tecnologías disruptivas.

Quizá en ningún ámbito se vea el problema tan claramente como en el del empleo: la economía de plataformas ha pillado con la guardia baja a legisladores y sociólogos, de forma que a los efectos habituales de los avances digitales (mejores perspectivas para los que se familiarizan con la tecnología, peores para los que no se adaptan) se les suma los problemas de una normativa y una protección social desactualizada. Resultado: los empleos de baja cualificación, que pierden protagonismo en la nueva economía, tienen la desventaja adicional de que les afecta el lado malo de las nuevas tecnologías (control por geolocalización, algoritmos que reparten la carga de trabajo con criterios impersonales -a veces, deshumanizados-, comunicación constante por parte de la empresa…). El epítome: los repartidores o riders, y el síntoma, la cascada de procedimientos judiciales que se resuelven en sentidos contrapuestos tratando de dilucidar su status exacto en el sistema productivo.

El problema se repite con otros ámbitos: el de los alquileres, el de transporte de pasajeros con conductor, el de la movilidad urbana en general (hace un año, en Madrid eran desconocidos los ahora ubicuos patinetes alquilables mediante app)... Todos, ámbitos muy importantes para la vida de las personas (trabajo, vivienda, desplazamiento) y en los que las nuevas tecnologías han producido notables alteraciones en los precios y/o conflictos sociales importantes (como el que se desató a consecuencia de la oposición de los taxistas a la normativa de los VTC). Y la situación no hará sino agravarse en cuanto se desplieguen, al contacto con la realidad, todos las potencialidades (y peligros) de tecnologías quizá no tan materiales pero igualmente importantes como la Inteligencia Artificial, el big data, o el Internet de las Cosas, que afectarán sin duda de formas no pensadas hasta ahora a áreas como la protección de datos o la responsabilidad civil, por citar algunas de las más evidentes.

Ya hay quienes proponen nuevas formas de legislar, adoptando modelos iterativos y revisables según los resultados, en vez de las habituales normas pensadas para durar mucho tiempo, o creando ámbitos acotados en los que se aplican primero las nuevas tecnologías antes de liberarse al conjunto de la sociedad (el sandbox, como el que está previsto en España en relación con las fintech). Quizá resulte ya del todo imprescindible la creación de un Consejo de la Nueva Economía, en el que participen especialistas en tecnologías disruptivas, para evaluar los potenciales impactos sociales de los desarrollos más innovadores, y que incluyan el análisis de las experiencias vividas ya en otros países (quizá así hubiéramos podido ahorrarnos en distintos ayuntamientos meses de bandazos jurídicos en relación con los patinetes eléctricos, que habían alcanzado a muchas grandes urbes del mundo antes de aparecer en las calles españolas). Incluso se podrían adaptar organismos ya existentes para esa tarea, como por ejemplo el Consejo Económico y Social español. Sea cual sea la opción que se tome, es ineludible actuar para evitar que avances con un fantástico potencial para mejorar la vida de las personas acaben empujando a cada vez más colectivos a la categoría de “perdedores” de la economía digital por falta de previsión.