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Agustí Sala, redactor jefe de economía de El Periódico de Catalunya

Lunes, 12 de Noviembre, 2018

Por Agustí Sala, redactor jefe de economía de El Periódico de Catalunya.

Los ingresos impositivos pesan en España mucho menos que en la media de la Unión Europea (UE). En 2016 significaban el 33,3% del total, unos cinco puntos menos que en el club comunitario, según los datos del organismo estadístico comunitario Eurostat.

Es un dato incontestable y que aleja a nuestro país de los principales socios. Por ejemplo, en Dinamarca suponían el 46,4% en 2016, el porcentaje más elevado, mientras que en países como Alemania, Francia o Italia representaban el 39%, 45,6% y el 42,6%, respectivamente. El año pasado, la presión fiscal (lo que los ingresos tributarios significan sobre el conjunto de la economía) fue del 34,5% según los cálculos del Gobierno.

Pero todo ello puede resultar algo engañoso porque si la referencia son los impuestos que paga una persona física de clase media, “podríamos estar por encima de la media”, según el presidente del Consejo General de colegios de Economistas de España, Valentí Pich. Lo atribuye a que "una buena parte de la población obtiene unas rentas tan bajas que no tributan", es decir, que no contribuyen a la recaudación de gravámenes como el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Y eso sucede también con el Impuesto de Sociedades ya que “solo poco más del 30% del censo de declarantes por este impuesto declaran una cuota líquida positiva". Lo que parecen indicar los datos es que la presión fiscal se concentra sobre unos determinados contribuyentes y bases imponibles. Sería necesario que se redistribuyera más y que llegara a aquellos segmentos de población y actividades que están más desfiscalizados o que registran una tributación mucho más ligera. Por todo ello muchos expertos consideran que el margen para aumentar los impuestos en España es reducido.

De todas formas, una cosa distinta es si la carga impositiva se modifica hacia un mayor peso de los tributos medioambientales o los indirectos o si se aplican de forma selectiva gravámenes en sectores o actividades que tributan poco.

En todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que a un peso de los ingresos impositivos sobre el conjunto de la economía corresponde (o

debería corresponder) otro del gasto público que sea acorde. En el caso de España, el año pasado el gasto público significó el 41% del producto interior bruto (PIB), unos cuatro puntos menos que el conjunto de la UE y seis que la zona euro. Además, el desfase entre este y el peso de los ingresos impositivos fue mucho mayor que en el conjunto de la UE.

Todo ello hace que carezca de sentido tratar de converger en niveles impositivos con los países más avanzados de Europa antes de conseguir hacerlo con nuestros niveles de renta per cápita que, en España se situó en 2017 en el 92% de la media comunitaria. Previamente debería aumentar la renta de los españoles y una medida como el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) contribuiría a que aumenten los contribuyentes y, por tanto, la recaudación del IRPF que recae casi en exclusiva (por encima del 80%) en los salarios. Y es que debería revisarse la tributación del capital porque, a diferencia de lo que pasa en este impuesto, gana peso en el conjunto de la economía mientras que los salarios lo pierden.

Lo que es evidente es que la recaudación en España está por debajo de lo que debería ser si se compara con el peso que tiene en países de similares características. Algunos expertos estiman el desfase en unos 80.000 millones de euros y lo achacan a las distintas deducciones y el fraude fiscal que alejan unos tipos impositivos nominales situados en la banda alta de los tipos efectivos, mucho más bajos.

Por todo ello, más que una subida generalizada hacen falta reformas que reduzcan las vías de escape tributarias, tanto las legales (deducciones y demás) como el fraude, contra el que debería haber un combate mucho más intenso y centrado en la gran evasión fiscal. También se debe actuar sobre actividades, sectores y negocios que apenas contribuyen y que deberían hacerlo en mayor medida en función de su renta ¿Por qué no, por ejemplo, un impuesto a la banca como el que existe en Reino Unido o medidas dirigidas a que las fortunas tributen en una mayor proporción? Hay, por tanto, margen pero no para incrementos generalizados sino selectivos y bien medidos para evitar que se afecte al crecimiento. Todo un reto.