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Crecer en tamaño es un problema para el empresariado español

Intentar ganar competitividad aumentando la capacidad empresarial es encontrarse con trabas fiscales, laborales y burocráticas

Jueves, 15 de Junio, 2017

Por José Ramón Sánchez, profesor del Master en Dirección y Gestión Financiera de EAE Business School

Es importante que el crecimiento de una empresa disponga de la flexibilidad que le permita aumentar su presencia en el mercado, sin pena de que, en el actual mundo globalizado, una actividad de reducido tamaño quede relegada y pueda, incluso, ser condenada a la desaparición. Un hándicap que hace inviable, o al menos difícil, que las empresas puedan acercarse a nuevos mercados emergentes que les permitan obtener mayores beneficios que en la actualidad.

Puesto que el mundo está cambiando y en los próximos años se estima que dos tercios de la clase media en el mundo se encontrarán en lugares como China e India, resulta vital poder fomentar el crecimiento de las empresas para generar visibilidad nacional e internacional.

El Instituto de la Empresa Familiar revela que a 1 de enero del 2016 existían en España 3,24 millones de empresas activas, de las que más de la mitad no tenían ningún trabajador asalariado. Es un tejido empresarial en el que predomina el trabajador por cuenta propia y la pyme, y solo el 0,7% del total tienen más de 50 trabajadores, frente al 1,2% de media de la Unión Europea. En los planes del Gobierno están previstas medidas para facilitar la apertura, desarrollo y cierre de empresas, siguiendo el indicador 'Doing Business' que lleva a cabo el Banco Mundial.

España se encuentra en el puesto 32 de esa clasificación. En lo que respecta a abrir un negocio, se sitúa en el puesto 85, con un total de siete trámites administrativos que hay que realizar que requieren nueve días. En Europa, Dinamarca, tercera de la clasificación mundial, requiere cuatro trámites y tres días.

En la Ley de emprendedores ya se intentó que hubiera una nueva figura societaria que permitiera que no hubiera que depositar un capital social mínimo, que en España es de 3.000 euros. Pero, con los últimos datos sobre la mesa, no ha funcionado. Así, que el Gobierno estudia ahora, si es posible, eliminar también este requisito, ya que en casi un centenar de países oscila entre cero y un euro. Otro de los flancos que habría que analizar es si actualmente compensa a las pymes dejar de serlo. Porque hay muchas regulaciones que dependen del tamaño. Por ejemplo, cuando una compañía pasa a tener más de 50 trabajadores empieza a haber algunas obligaciones adicionales, como la creación de un comité de empresa o la presentación de una auditoría externa.

Además, cuando una empresa factura más de seis millones de euros también empieza a experimentar cambios, como que, a la hora de enfrentarse al pago de los impuestos, podría pasar a depender de la unidad de grandes contribuyentes y hay más exigencias en el pago de anticipos del Impuesto sobre Sociedades o en la liquidación del IVA.

La necesidad de eliminar trabas al tamaño empresarial potenciará, asimismo, la principal aportación de la empresa a la economía, esto es, su capacidad innovadora: En la actualidad España ocupa el número 27 en materia de innovación, un dato que da muestra de todo el camino que debe recorrer aún para estar a un nivel “aceptable”…

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