08 de Noviembre de 2018
Por Víctor Fermosel, Profesor de Finanzas de EAE Business School
Sombrías y oscuras decisiones mueven los hilos entre los poderes del Estado, como si de un juego de naipes se tratara. No cabe duda de que la polémica en el Tribunal Supremo y la cierta inestabilidad jurídica pretendida de los últimos días es claramente avivada por quien pretende retorcer el Estado de derecho a su conveniencia, pero no es menos cierto que pese a algunos elementos desestabilizadores, el estado de derecho vuelve a recuperar su esplendor sin tener mácula alguna en su seguridad jurídica.
Con las palabras que titulan este artículo iniciaba hoy su discurso Pedro Sánchez sobre el ansiado fallo del Tribunal Supremo de ayer, al que muchos achacaban un "interés variable en sus decisiones". Dos son las medidas que ha anunciado el Presidente del Gobierno:
1. Por un lado la reforma de la ley para que sean los bancos y no los consumidores quienes asuman el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de las hipotecas; pero sin especificar detalles respecto a los matices de la decisión, su alcance y su grado de profundidad.
2. Por otro, la creación de una autoridad independiente que refuerce los derechos de los consumidores en su relación con el sector financiero, sin indicar tampoco más detalles ni reparar en si ya existen organismos que cumplen esa función.
No hay que olvidar que el poder judicial es la "boca muda" de la ley y aplica las leyes que tiene; es lógico que si algo supuestamente no funciona correctamente se debe cambiar, pero el uso y abuso recurrente de cambiar las cosas por Decreto en nada beneficia a la democracia española. En este tema no existe una necesidad urgente de hacer cambios de inmediato porque existen otros mecanismos más apropiados al respecto. Por eso, el gobierno debe reflexionar antes de llevar a cabo medidas irreparables que en nada ayuden a la situación creada.
Lejos de querer centrarme sólo en la forma, entremos en el fondo del asunto en sí obviando la ya larga explicación del origen del problema en la sentencia dictada en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo; y también las fuertes subidas de la banca en Bolsa tras la resolución del tribunal, mitigadas por el posterior anuncio del Presidente.
¿Por qué no suprimir el impuesto? La explicación es evidente: si se suprime, las Comunidades Autónomas recaudarían menos y tendrían que obtener fondos de la aportación ciudadana en otras partidas. ¿Y si lo pagasen los bancos? Lo más lógico es que lo repercutirían al cliente en el variable, en comisiones o a través de otros mecanismos de que disponen. Como cualquier empresa privada, si el banco tiene que afrontar un nuevo gasto buscará la manera de equilibrar el mismo para que sus ventas se mantengan. En mi opinión, acabaríamos pagando más de esta manera que haciéndolo ahora a través del propio tributo.
No cabe duda de que los partidos políticos se posicionarán del lado de los "ciudadanos" pensando en el corto plazo, porque es lo que más rédito les dará. Sin embargo, desde una visión macroeconómica no están midiendo bien las posibles consecuencias, que serían nefastas para el propio ciudadano.
Sin lugar a dudas no estamos asistiendo al último episodio sobre este tema, sino al principio de un final que posiblemente acaben dirimiendo los tribunales de la Unión Europea. Lo que resulta evidente es que será el ciudadano una vez más quien asuma las consecuencias, pase lo que pase, hasta que pueda también "hablar".