El programa de estabilidad o no
24 de Mayo de 2019
24 de Mayo de 2019
Por: Agustí Sala, Redactor jefe de Economía de El Periódico de Catalunya
Suele ser habitual que este Gobierno, y también los anteriores, remitan a Bruselas el programa de estabilidad y el plan nacional de reformas justo en el último minuto antes de que comience el 1 de mayo de cada ejercicio. En esta ocasión también ha ocurrido y nos enteramos de que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé una subida de la presión fiscal de 1,6 puntos del producto interior bruto (PIB) en cuatro años, hasta llegar al 37,3% del PIB en 2022, desde el 35,7% de 2019 (contando estrictamente los ingresos tributarios).
Si traducimos el peso de los ingresos tributarios en dinero estaríamos hablando de unos 20.000 millones en tres años que el Gobierno espera conseguir, a partir del año próximo. En 2020, la recaudación adicional serán 5.654 millones de euros como consecuencia de las medidas tributarias que ya estaban incluidas en el nonato Presupuesto General del Estado de 2019.
Algunos, evidentemente desde la oposición, se han rasgado las vestiduras y han hablado incluso de "hachazo fiscal". Lo cierto es que todo ello estaba previsto y anunciado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde el gravamen a las transacciones financieras o la bautizada como 'tasa Google' hasta la fiscalidad verde e incluso las subidas en el impuesto de la renta (IRPF) y el de patrimonio para los ingresos más elevados.
Es verdad que la tributación indirecta afecta a todos los contribuyentes, con independencia de su capacidad económica. Es lo que sucede con el mayor gravamen previsto para al diésel, por ejemplo. Pero bien es cierto que esta es una apuesta estratégica del Gobierno, discutible o no e incluso criticable, pero tiene un objetivo: fomentar la transición ecológica. Gobernar es decidir y priorizar.
De aprobarse las medidas tributarias previstas y obtener la recaudación estimada, la presión fiscal, aún por debajo de la media europea, se incrementaría. También ayudarán a este objetivo las medidas adoptadas en diciembre para aumentar los ingresos por cotizaciones en 3.786 millones ya en 2019. Una de las iniciativas que más ingresos ha de reportar, un total de 1.771 millones, es la tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para los grupos empresariales.
A pesar de todo ello, las previsiones del Gobierno incluyen rebajar el déficit público solo hasta el 2% del producto interior bruto (PIB), frente al 2,48% de 2018. Justifica no alcanzar una tasa más ambiciosa, después de conseguir el año pasado situarse por debajo del 3% y por tanto poder salir del control estrecho de Bruselas, en "el rechazo del Presupuesto para 2019 y la paralización de las normas de creación de las nuevas figuras tributarias".
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no comulga del todo con estas previsiones y calcula que este año se cerrará con un déficit del 2,1% del PIB. A juicio de este organismo, el aumento de la recaudación se fía demasiado al ciclo, ya que se plantea retomar el año que viene la reforma fiscal anunciada para 2019. A su vez prevé una décima menos de ingresos por cotizaciones sociales que el Ejecutivo y que la inversión pública y los salarios de los funcionarios incrementen el gasto público.
La Airef, en todo caso, insta al Gobierno a agilizar sus planes económicos, especialmente la reforma fiscal anunciada ya para 2020, en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del 28A.
El documento del Gobierno destaca que "dada la actual situación política", en la que aún no se ha constituido un nuevo Gobierno, los cálculos para los siguientes ejercicios se han efectuado tomando en cuenta como novedades solo los tres bloques de medidas tributarias ya mencionados.
Así, la senda de déficit público prevista por el Ejecutivo continúa con una tasa del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, antes de alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022, dos años después de lo que había programado el Ejecutivo del PP en el Programa de Estabilidad presentado en Bruselas hace un año. La Airef ve "improbable" que se alcance el equilibrio presupuestario dentro de tres años. La tarea del Gobierno será demostrar que es posible. Y es que este organismo supervisor auguró que la subida del salario mínimo frenaría la creación de empleo y no ha sido así por ahora. Y así lo ha reconocido. No todas las previsiones apocalípticas se cumplen.