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Rogelio Biazzi, coordinador del Máster en Análisis Económico del Derecho y la gestión pública de EAE Business School

Jueves, 24 de Mayo, 2018

Por: Rogelio Biazzi, coordinador del Máster en Análisis Económico del Derecho y la gestión pública de EAE Business School

Las normas sobre compliance son el súmmum de la regulación: regulación acerca de cómo cumplir la regulación. La idea de crear normas que aseguren el cumplimiento normativo es, en principio, buena dado que se busca garantizar la seguridad jurídica y ello favorece el  buen funcionamiento de los mercados y un entorno saludable para la actividad económica. Si los departamentos legales de las empresas o los asesores jurídicos de los autónomos y pymes actúan como garantes del cumplimiento de la normativa la seguridad jurídica aumenta. Esto genera confianza en los agentes económicos, individuos o empresas, y facilita los negocios.

Sin embargo hay otra cara del compliance que no puede dejar de analizarse: la hiperregulación puede crear barreras y aumentar los costes de transacción, y ello puede desincentivar la actividad económica. El cumplimiento normativo cuando estamos ante regulaciones muy  profusas  en varios campos añade costes a quienes intentan desarrollar su actividad económica y profesional. Estos costes pueden ser más fácilmente asumibles para unos que para otros. Pienso en grandes y medianas empresas con sus sofisticados departamentos legales, informáticos, etc., en las que el coste de garantizar el cumplimiento normativo es relativamente más bajo que en las pymes o autónomos, en donde la tarea de cumplir con un entramado legislativo en varias áreas (civil, mercantil, financiera, laboral...), que es complejo y extenso, acarrea una dificultad mucho mayor. A ello hay que añadir que buena parte de las normas no hacen diferencias en cuanto a su cumplimiento, según el volumen de negocio de quien tiene que cumplirlas.

Encontramos un ejemplo en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo que será aplicable de forma simultánea con la LOPD y que a partir del próximo 25 de mayo todas las empresas o individuos que realicen actividades económicas deberán estar preparados para cumplir. En este caso concreto no se trata de un modelo basado en el mero cumplimiento de los preceptos legales, sino de un modelo de responsabilidad "proactiva" en el que cada agente deberá identificar las medidas que tiene que adoptar para garantizar la protección de los derechos de los interesados y demostrar que cumple con el RGPD. Un verdadero reto para cualquiera, pero mucho más costoso para quienes no cuentan con servicios especializados para afrontarlo dentro de su organización.

Está claro que toda regulación persigue unos objetivos y busca conseguir unos resultados beneficiosos para la sociedad. Pero hay que tener en cuenta que en ocasiones, una ley mal diseñada o un entramado legislativo muy farragoso puede provocar un efecto boomerang y conseguir resultados no deseados. Es decir, los procedimientos o normas que buscan mejorar la seguridad jurídica pueden terminar empeorándola y en lugar de facilitar el funcionamiento del mercado pueden convertirse en barreras que desincentiven la actividad económica.