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Pensiones por consenso
02 de Diciembre de 2016
Por: Rafael Bernardo, periodista colaborador de Cadena Ser
2017 será sin duda el año de las pensiones. Después de dos importantísimas reformas en 2011 (la que sube paulatinamente la edad de jubilación a los 67 años) y la de 2013 (que desvinculó la subida de las pensiones de la inflación y ligará la cuantía inicial de la prestación a la esperanza de vida a partir de 2019) todo apunta a que pronto llegará el tercer gran "meneo" al sistema de la década. Pero esta vez, las cosas son diferentes por la fragmentación política de las Cortes, y esto –a diferencia de lo que piensan muchos- puede ser una ventaja.
Ahora no hay ningún Gobierno con mayorías parlamentarias claras, como en 2011 (PSOE) y en 2013 (PP), que puedan empeñarse en pasar sus medidas. Ahora habrá que pactar, y aunque la sabiduría convencional dice que la debilidad parlamentaria de un Ejecutivo lleva a reformas de poco alcance, si hay responsabilidad y altura de miras se puede tejer una reforma que evite el papelón de tener que parchear el sistema cada pocos años con medidas que al poco tiempo se revelan insuficientes.
Y el escenario actual es favorable por dos motivos: primero, por la dilución de responsabilidades. Ningún gobierno quiere ser recordado como el que subió impuestos o cotizaciones sociales o -¡peor!- como el que recortó el gasto en las pensiones. Un pacto parlamentario de alcance puede repartir las "culpas" de unas medidas tan impopulares, asegurando que ningún partido concreto tenga que hacer de pararrayos electoral por haber tomado las decisiones difíciles que salven el sistema.
Y segundo, porque un acuerdo multipartito puede obligar por fin a los grupos a repensar qué tipo de sistema quieren; no tanto tocar parámetros, como reflexionar sobre el núcleo. No me refiero a la configuración básica de las pensiones; hay un amplísimo consenso social por el que el sistema ha de seguir siendo público y de reparto, sino a cuestiones filosóficas más de fondo todavía: cuánto nos queremos gastar en las pensiones, y qué es lo que consideramos una pensión justa.
En mi opinión, los debates sobre la Seguridad Social muchas veces se empiezan al revés, mirando en dónde se puede recortar o de dónde se puede sacar más dinero, y no pensando cómo queremos que sean las pensiones. Hace poco, la ministra de Empleo se felicitaba porque en 2060 las pensiones supondrán un 11% del PIB (más o menos como ahora), frente al 12% de Alemania. Pero ¿es el 11% poco o mucho? ¿Es para alegrarse gastar menos que los alemanes? La respuesta ha de ser: sólo si tenemos menos necesidades que ellos; si no, no. Porque éste no es un gasto más, asimilable a otros que figuran en los Presupuestos Generales del Estado.
El sistema de pensiones es el pilar fundamental del Estado de Bienestar, la expresión de la solidaridad intergeneracional (las prestaciones que reciben los que cotizaron en el pasado se pagan con el dinero que aportan los actuales trabajadores), y la materialización de la confianza en el Estado como gestor de un mecanismo de seguro en el que los partícipes somos casi todos. Por eso es bueno un Parlamento dividido, para implicar a todos. Ha llegado la hora de que los árboles nos dejen ver el bosque, de que entre todos nos preguntemos: ¿qué es una pensión digna? ¿cuál es la contribución equitativa? y, a partir de ahí, fijemos cuánto hemos de dedicar; y desde luego, en esto no conviene escatimar.