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Jueves, 1 de Febrero, 2018

Por José Ramón Sánchez Galán, profesor del Master en Dirección y Gestión Financiera de EAE Business School

España tiene un problema serio con las pensiones. De un lado, la pirámide de población es progresivamente más invertida. De seguir esta tendencia, en 2050 podría haber más pensionistas que trabajadores. De otro, el desempleo: el lastre a combatir: pese a que en 2017 se crearon más de 400.000 puestos de trabajo, no salimos del pelotón de cola de la Unión Europea: el año pasado España cerró con una tasa de desempleo del 16, 55%, vs. la tasa media europea del 7%. Difícilmente sostenible, ya que el 26,8% de todos los asalariados en tiene un contrato de trabajo temporal. Además, este ritmo continuado de creación laboral, no ha sido suficiente para volver todavía a los niveles de ocupación anteriores a la crisis: todavía faltan 1,75 millones de empleos.

Las pensiones es el otro gran caballo de batalla del Gobierno. Los problemas son diversos: 1) Este año las pensiones perderán poder adquisitivo, debido a que la inflación en 2017, superó el 0,25% de su revalorización. 2) El Fondo de Reserva ya está prácticamente agotado. 3) La necesidad de financiación con la creación de nuevos impuestos, por ejemplo, sobre la banca, puede dañar gravemente la economía.

Todo ello en un marco de insostenibilidad del sistema: hoy, la Seguridad Social tiene que dar cobertura a 8,7 millones de pensionistas, 1,1 millones más que al principio de la crisis, y cada uno de ellos percibe, de media, 250 euros más al mes que hace una década. En conjunto, una subida del 57% de los costes. Los ingresos se han mantenido prácticamente estancados a lo largo de este periodo, debido al menor número de ocupados y a que la moderación salarial, pese a favorecer la recuperación laboral, ha dañado las cotizaciones. Así, el sistema de previsión presentó un déficit de unos 18.000 millones de euros en 2017, que apenas se reducirá a los 16.000 millones este ejercicio.

De entre las medidas adoptadas, el Gobierno propone que el cómputo de la pensión incluya toda la vida laboral, de manera voluntaria. Esto significa una doble lectura: de un lado, se podría mejorar la cuantía de la prestación, ya que, al tratarse de una media total, beneficiaría a aquellos que en algún momento de su vida laboral tuvieron ingresos elevados. Por contra, perjudica a aquellos protagonistas de un ERE, que hayan optado por la cuenta propia o que la medida, al no ser retroactiva, suponga un desagravio comparativo para aquellos jubilados que estén cobrando su pensión según reformas anteriores (en la actualidad, el cómputo desde el 1 de enero de 2017 es de un periodo de 25 años) y deban ser compensados por ello. Más gastos, pues.

El próximo ejercicio entrará en vigor el Factor de Sostenibilidad, que rebajará las prestaciones de forma paralela al aumento de la esperanza de vida. No se trata de buscar soluciones para reducir gastos, sino de mantener ingresos con su poder adquisitivo correspondiente. Y las medidas no pasan por cálculos sesudos para gastar menos, sino para ingresar más.

Se sigue imponiendo una reforma laboral acuciante y efectiva que, por el momento, no se detecta en el mercado, caracterizado por  un “pan para hoy y hambre para mañana”.

Esa ha de ser la tarea económica principal del Gobierno: más políticas de oferta y menos de demanda, en una situación que, con una cuerda ya tensa, amenaza con romperse definitivamente.

¿Se acerca otra crisis…?